Fiscalía de Cuentas investiga acuerdo para proyecto de SENACYT

La Fiscalía General de Cuentas procederá con una investigación tras detectarse una posible lesión patrimonial en un acuerdo de consultoría suscrito por la Secretaria de Ciencias y Tecnología (SENACYT), para la elaboración de un estudio de factibilidad del proyecto “Panamá Research Institute of Science and Medicine” (PRISM).

Según el informe recibido en esta institución, procedente del Tribunal de Cuentas, el daño ocasionado al Estado es por un monto de 250 mil dólares, y en estos hechos se encuentran vinculadas dos personas naturales y una jurídica.

El examen practicado por la Contraloría General de la República, determinó que el 28 de marzo de 2012, directivos de SENACYT suscribieron un acuerdo para la elaboración de un estudio de factibilidad, con la finalidad de construir tres edificios, ubicados en la Ciudad del Saber,  los cuales albergarían el proyecto PRISM.

No hay evidencia de la presentación del informe preliminar por parte de la empresa, documento estipulado en el contrato para que se efectuara el primer pago por 125 mil dólares, aun así se realizó el desembolso.

Otra de las irregularidades es que el informe presentado por la empresa no contaba con la firma del profesional idóneo que lo sustentara, ni mostraba fecha exacta en que fue recibido a satisfacción por parte de SENACYT, pese a esta anomalía se cumplió con el segundo pago de 125 mil dólares.

Es importante señalar, que para la elaboración completa del análisis de factibilidad, la empresa realizó una subcontratación por un costo de B/. 3 mil 500 dólares, lo que difiere con la cuantía pagada por SENACYT. Además se utilizó información privilegiada, puesto que la sociedad tenía conocimiento de su contratación con ocho meses de antelación.

El grupo de auditores concluyó que el estudio de factibilidad no era necesario, debido a que el proyecto PRISM de SENACYT ya había sido previamente licitado, entregada su orden de proceder e iniciada la ejecución de la obra, por otra empresa.

Este es el segundo expediente que maneja la Fiscalía General de Cuentas sobre anomalías incurridas en la pasada administración de SENACYT, por un monto que supera los 900 mil dólares.