Fiscal Rodríguez pide auditar contrato de consultoría suscrito por SENACYT
El fiscal general de Cuentas, Guido Rodríguez, pidió hoy al contralor general de la República, Federico Humbert, practicar una auditoría al contrato de consultoría suscrito el 9 de noviembre de 2012, por la Secretaría de Ciencias y Tecnología (SENACYT), para un programa dirigido a seleccionar un método de posibles zonas de exploración de agua potable en el interior del país.
De acuerdo con la denuncia realizada por el Dr. Jorge Motta, secretario nacional de SENACYT, y remitida a la entidad encargada de fiscalizar los fondos públicos, existen una serie de irregularidades en el estudio, entre ellas, faltas al proceso de contratación de la Ley 22 de 2006, no cuenta con refrendo de Contraloría y la más importante plagio, lo que puede resultar en una lesión patrimonial en contra del Estado por 250 mil dólares.
El denunciante señala que al revisar los textos de los informes se descubrió la existencia de una investigación realizada anteriormente por el Doctor Alberto Caballero, panameño, investigador en el área de Ciencias Geológicas y que fue, auspiciada, financiada y gestionada por la Dirección de Investigación y Desarrollo de SENACYT e IFARHU en el año 2009.
Destaca la denuncia, que el contratista, quien presentó copia fraudulenta de la tesis doctoral de Caballero, realizada en la Universidad de Barcelona, España, hizo entrega del primer informe el 27 de noviembre de 2012, para el cobro del primer pago por 125 mil dólares, apenas después de 18 días de firmar el contrato para realizar la supuestamente compleja investigación.
Es importante señalar que las investigaciones llevadas a cabo por Caballero, quien se desempeña como docente en la Universidad Tecnológica, no costaron más de 50 mil dólares.
El segundo informe presentado para el último pago (125 mil dólares), el 9 de enero de 2013, contiene el primer reporte extraído en su totalidad de la tesis de Caballero, agregando solo dos capítulos, que fueron obtenidos literalmente de diversas páginas de internet y se adjuntaron al examen de auditoría interna que acompañó la denuncia.
El fiscal Rodríguez fundamenta su petición a la Contraloría General de la República en el numeral 3 del artículo 26 de la Ley 67 de 2008, modificada por la Ley 81 de 22 de octubre de 2013.
